El régimen vigente en la isla, extendido hasta 2053, representa un costo fiscal anual superior a los USD 1.000 millones. Además, el fondo fiduciario creado en 2022, financiado por las propias empresas, ya suma $185.000 millones.

El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, vigente por más de medio siglo, ha resistido cambios de Gobierno, fluctuaciones ideológicas y hasta el ajuste del gasto público impulsado por la actual administración libertaria. Con un costo fiscal que supera los USD 1.000 millones anuales, el modelo que fomenta la industria electrónica y otros sectores en la isla sigue en pie, incluyendo un fondo fiduciario propio que logró esquivar el cierre de fideicomisos ordenado por el Ejecutivo en el último año.

Las empresas beneficiadas por el esquema están exentas del Impuesto a las Ganancias, el IVA y otros tributos. Sin embargo, existen cuestionamientos sobre el destino de los fondos de un fideicomiso que debería recibir parte del IVA no abonado por estas compañías. En 2021, el régimen fue prorrogado hasta 2053, con una revisión de resultados programada para 2038.

El impacto de este modelo en las cuentas públicas, las reservas y los precios internos ha generado críticas de distintos sectores políticos, que reclaman su eliminación o una reforma para reducir su costo. Originalmente, la medida fue establecida por ley en 1972 con el objetivo de fomentar el crecimiento poblacional y el empleo fabril en la provincia.

Incluso el presidente Javier Milei ha cuestionado el esquema. En 2022, lo calificó como “una estafa hacia los argentinos de bien”, aunque, ya en funciones, reconoció que el régimen incluye “derechos adquiridos” que no pueden ser alterados.

Un estudio del centro de investigaciones Fundar analizó el impacto del modelo y destacó que, desde su implementación, la población de Tierra del Fuego creció de 13.500 habitantes en 1970 a 190.000 en 2022.