El defensor de uno de los seis condenados pidió apartar a la magistrada Eve Ponce y la audiencia de cesura quedó suspendida. El proceso judicial podría sumar nuevos imputados.

La audiencia para definir las penas de los seis condenados por los incendios y destrozos en la Casa de Gobierno de Chubut y otros edificios públicos de Rawson, ocurridos durante una protesta antiminera en diciembre de 2021, fue suspendida este martes tras un pedido de recusación contra la jueza Eve Ponce.

El recurso fue presentado por el abogado defensor Miguel Moyano, representante de Mauricio Naum Vargas, quien podría recibir la pena más alta: seis años de prisión por hurto agravado e incendio intencional. La fiscal Florencia Gómez lo acusó de provocar daños en el Superior Tribunal de Justicia, iniciar un fuego en la sede de la Procuración General y sustraer una computadora.

La recusación plantea una nueva demora en un proceso judicial marcado por múltiples interrupciones, ausencias de los imputados y la muerte de Lautaro Martínez, uno de los acusados, quien fue hallado sin vida poco antes de escuchar su veredicto. Martínez iba a ser absuelto.

Los otros cinco condenados son Lucas Alexis Espinosa Andrade, Lourdes Ariadna Nicole Molina Leguiza, Damián Andrés Díaz, Nicolás Alejandro Díaz y Gastón Velázquez. Las penas solicitadas por la fiscalía van de un año y ocho meses a cuatro años, dependiendo del grado de participación de cada uno. Algunos de ellos podrían recibir penas en suspenso.

En su fallo, la jueza Ponce habilitó la posibilidad de abrir nuevas causas penales al identificar al menos a 30 personas más que habrían participado de los incidentes, en base a registros fílmicos y fotográficos. “Se acreditó que al menos 300 personas participaron en los violentos incidentes, algunas encapuchadas, lo que habría superado cualquier capacidad de respuesta policial”, indica el fallo.

El procurador general Jorge Miquelarena criticó que esas personas no hayan sido imputadas hasta el momento. “Deberían haber sido llevadas a juicio”, expresó, y adelantó que impulsará nuevas acciones judiciales.

Por ahora, la fecha de reanudación de la audiencia de cesura permanece indefinida, a la espera de que dos magistrados resuelvan el pedido de recusación contra la jueza Ponce.