Empresarios y políticos advierten por el impacto en el empleo y la producción tras el anuncio del Gobierno.

La decisión del Gobierno nacional de eliminar los aranceles a la importación de celulares encendió las alarmas en Tierra del Fuego, donde se concentra la mayor parte de la fabricación de estos dispositivos en el país. Aunque la medida aún no fue oficializada por decreto, se implementaría en dos etapas y podría significar un fuerte golpe al régimen de promoción industrial vigente desde hace más de 50 años.

El gobernador Gustavo Melella fue uno de los primeros en manifestar su rechazo: “Nos genera profunda preocupación. Es un golpe muy duro para la industria de Tierra del Fuego”, expresó, y vinculó la medida con un pedido del FMI al presidente Javier Milei. “La industria fueguina es empleo, es soberanía”, agregó.

La respuesta del Gobierno llegó a través del vocero presidencial Manuel Adorni, quien escribió en X: “Al kirchnerismo se le terminan los privilegios y por eso están nerviosos. No hay nada que temer. Señores, la libertad avanza”.

Desde el Congreso también hubo críticas. La senadora peronista Cristina López advirtió que la desregulación “va a provocar desempleo, desinversión y un devastador impacto social”. En la misma línea, el senador radical Pablo Blanco afirmó que Milei firmó “el certificado de defunción de Tierra del Fuego”.

El régimen fueguino, que fue extendido hasta 2053, implica beneficios fiscales para las empresas que producen electrónica en la isla y representa un costo anual superior a los USD 1.000 millones. Empresarios del sector anticipan que la competencia con productos importados pondrá en riesgo su viabilidad.