La Justicia ordenó un embargo por 50 millones de pesos en el marco de una causa por la venta irregular de terrenos en “Las Grutas”, mientras que en paralelo volvió a activarse un expediente en Estados Unidos por presunto tráfico de drogas ocurrido en 2002. En ambos procesos, además de las denuncias de particulares, figuran testimonios de su ex esposo y de un ex colaborador.
La candidata a diputada nacional por LLA, Lorena Villaverde, enfrenta actualmente serias complicaciones legales que generan cuestionamientos sobre su postulación. En Argentina, la Justicia dictó un embargo de 50 millones de pesos en el marco de una causa vinculada a la venta irregular de terrenos en la localidad de Las Grutas. La investigación incluye denuncias de particulares y testimonios clave de su ex esposo y de un ex colaborador, que aportan detalles sobre las operaciones irregulares.
En paralelo, se reactivó en Estados Unidos un expediente que la vincula con presunto tráfico de drogas ocurrido en 2002, sumando un nuevo capítulo a su historial judicial y aumentando la atención sobre su candidatura. Estos procesos ponen en el centro de la discusión la idoneidad de Villaverde para ocupar un cargo legislativo, especialmente en un contexto donde la transparencia y la integridad son criterios prioritarios para la representación pública.
Los casos atraviesan instancias judiciales y generan preocupación tanto en la opinión pública como en sectores políticos locales, que observan con atención cómo se desarrollan los procedimientos y sus posibles consecuencias sobre la participación de Villaverde en las próximas elecciones.
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