El gobernador neuquino inició una reestructuración en la administración pública provincial con el objetivo de erradicar prácticas asociadas a cargos inventados, contrataciones irregulares y sueldos sin función. La iniciativa apunta a reducir gastos políticos, transparentar el uso de recursos y garantizar un control más estricto sobre viáticos, alquileres y designaciones, marcando un cambio en la cultura estatal de la provincia.

Entre las medidas implementadas se destacan la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas, la limitación de viáticos y gastos de representación, y la unificación de áreas administrativas para evitar superposiciones. También se establecieron sanciones para los funcionarios y empleados que no cumplan con los requisitos de transparencia, lo que incluye la suspensión de haberes o la baja inmediata de contratos.

De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo, los fondos ahorrados se destinan a fortalecer sectores clave como salud, educación e infraestructura. Ya se planifican ampliaciones hospitalarias, nuevas aulas en escuelas con alta demanda y obras viales que mejorarán la seguridad y la conectividad en la provincia.

Figueroa subrayó que estas acciones no solo apuntan a reducir el gasto político, sino también a instalar un cambio cultural dentro del Estado neuquino. “Queremos una administración moderna, austera y eficiente, que dé el ejemplo y esté al servicio de la gente”, afirmó.