El gobierno provincial arrastra una deuda de más de una década en materia de ordenamiento de los bosques, una situación que ha generado preocupación tanto en organismos ambientales como en la sociedad civil. Ante esta prolongada falta de acción, la Justicia decidió intervenir y emplazó a la administración rionegrina a cumplir con la ley nacional correspondiente, tras aceptar un mandamus presentado por dos organizaciones no gubernamentales.

La obligación de relevar y categorizar los bosques nativos, establecida por una ley nacional para garantizar su preservación, sigue sin cumplirse en Río Negro. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) otorgó a la subsecretaría de Recursos Forestales un plazo de 24 meses para elaborar un “mapa” protector que cumpla con esta normativa, tras aceptar un mandamus presentado por las organizaciones Árbol de Pie y Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentables. Estas ONG reclamaban desde hace años la actualización del relevamiento, que se había aprobado únicamente en 2010 y nunca se renovó.

El proceso judicial se extendió varios meses e incluyó solicitudes de informes al área responsable del Ejecutivo provincial, que reconoció los incumplimientos, y exigió un plan de trabajo. Este cronograma contemplaba intervenciones técnicas y etapas consultivas hasta julio de 2027, cuando Recursos Forestales debía presentar un proyecto de ley ante la Legislatura. Inicialmente, el STJ consideró que el plazo de dos años era excesivo, pero tras los argumentos del gobierno sobre la complejidad de la tarea y ejemplos de otras provincias, los jueces aprobaron el cronograma con informes semestrales obligatorios.

Si bien los referentes de las ONG esperaban plazos más cortos, lograron que el relevamiento abarque no solo los bosques andinos, sino también las formaciones de monte y espinal del este de la provincia, hasta ahora ignoradas. Esto permitirá contar con un mapa de protección más completo y consistente, evitando vacíos legales que hasta ahora facilitaron urbanizaciones y explotaciones que impactan negativamente en el medio ambiente, como Cerro Lindo o zonas de Península San Pedro y cerro Catedral.

El objetivo de Árbol de Pie y Fadhs es que este instrumento delimite el territorio con categorías de protección por colores, tal como prevé la ley nacional, y sirva para limitar proyectos inmobiliarios o extractivos que afecten los bosques. Aunque el fallo del STJ representa un triunfo al evitar que el incumplimiento se prolongue otros diez años, preocupa el “mientras tanto”, ya que la disposición de cuidar los bosques durante la elaboración del nuevo mapa es ambigua. Por ello, las ONG continuarán el seguimiento y no descartan acciones judiciales adicionales para garantizar la protección efectiva de estas áreas.