El Gobierno provincial ha decidido intensificar los controles sobre las empresas mineras y de servicios que operan en la región, con el objetivo de garantizar que la mayor parte de los puestos laborales sean ocupados por residentes locales. Esta medida busca no solo priorizar el empleo de los santacruceños, sino también fortalecer la economía de la provincia y evitar la fuga de recursos hacia otras jurisdicciones.

La semana comenzó en Santa Cruz con un operativo de control vehicular en el acceso norte, sobre la Ruta 3 en Caleta Olivia, con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de la Ley Provincial 90-10. Esta norma establece que el 90% de los puestos de trabajo en actividades privadas vinculadas a sectores estratégicos como la minería, el petróleo y las represas debe ser ocupado por residentes santacruceños con domicilio comprobado en la provincia.

El secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, informó que se identificaron 1.156 empleados provenientes del norte del país o del exterior que trabajan en mineras sin residencia provincial. Destacó que, durante años, la mano de obra local quedó relegada frente a trabajadores foráneos, y afirmó que en Santa Cruz “el trabajo tiene que ser para la gente de Santa Cruz”.

Los controles se realizan de manera conjunta entre varias carteras provinciales e incluyen empresas de minería, hidrocarburos, logística y servicios relacionados. En cada operativo se verifica la documentación que acredite la residencia de los empleados, así como las condiciones laborales y de seguridad. Aravena agregó que muchos de los trabajadores detectados cumplen regímenes rotativos de 14×14 o 20×20, lo que implica que gran parte de los salarios generados se gastan fuera de la provincia, afectando el consumo, el comercio y la economía local.

El Gobierno provincial señaló que estas medidas buscan equilibrar la distribución del empleo, promover la contratación de mano de obra local y fortalecer el desarrollo económico de las comunidades. Los operativos continuarán en los próximos días en distintos yacimientos y zonas mineras del centro y norte de la provincia, con la premisa de garantizar transparencia, equidad y defender el trabajo para los santacruceños. El gobernador Claudio Vidal enfatizó que estas acciones son necesarias para revertir años de incumplimiento y evitar que se repitan prácticas fraudulentas que afectaron la eficacia de leyes anteriores.