La caída de ingresos nacionales y de regalías petroleras forzó al gobierno provincial a desdoblar el pago de salarios. En la capital, el municipio decretó la emergencia hasta 2026 y congela la planta de personal.

La provincia de Santa Cruz enfrenta una fuerte crisis financiera que llevó al gobierno de Claudio Vidal a fraccionar el pago de los sueldos estatales. La decisión, que generó malestar entre los trabajadores públicos, se suma a la declaración de emergencia económica y administrativa en Río Gallegos, medida con la que el municipio busca equilibrar sus cuentas.

El ministerio de economía provincial informó que los salarios se abonarían en dos tramos y que los depósitos concluirían esta semana. Desde el ejecutivo reconocieron que los fondos actuales “no alcanzan para cubrir en tiempo y forma las obligaciones salariales”, atribuyendo la situación a la reducción de las transferencias automáticas de nación y a una baja de casi el 30% en las regalías petroleras durante los primeros nueve meses del año.

En paralelo, el intendente Pablo Grasso firmó el decreto N° 6861 que establece la emergencia administrativa y económica en Río Gallegos hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida congela la planta de personal, suspende nuevas incorporaciones y dispone una revisión integral de la estructura municipal para reducir gastos.

Según datos oficiales, los ingresos nacionales y provinciales que percibe la capital provincial cayeron un 10,4% en términos reales respecto de 2023. A esto se suma una inflación cercana al 25% y acuerdos salariales que rondan el 29,4%, factores que aumentan la presión sobre las finanzas locales.

Con salarios pagados en cuotas y un severo ajuste en la capital, Santa Cruz atraviesa uno de sus momentos fiscales más complejos de los últimos años, en un contexto de inflación alta y menor actividad petrolera.