La Justicia extendió la detención del acusado hasta abril de 2026. Su defensa denuncia irregularidades, falta de atención médica y una presunta víctima que ahora niega haber sufrido trata.

La Justicia resolvió extender hasta abril de 2026 la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, imputado por presunta trata de personas en San Carlos de Bariloche. La medida se definió tras dos audiencias en las que también se evaluó un pedido de morigeración por motivos de salud, finalmente rechazado por el juez a cargo.

La defensa, encabezada por el abogado Carlos Broitman, cuestionó la decisión y denunció que no se consideraron estudios médicos urgentes recomendados por especialistas. Sostienen que Rudnev arrastra problemas respiratorios, síntomas digestivos severos y episodios de agotamiento extremo que requieren derivación a la ciudad de Buenos Aires, algo que —afirman— el penal de Rawson no puede abordar.

Los informes clínicos señalan además que el detenido vive en un pabellón sin ventilación, rodeado de fumadores, y que recibe medicación sin instrucciones claras debido a la ausencia de intérpretes. Para la defensa, estas condiciones ponen en riesgo su salud y vuelven ilegítima la prolongación de la prisión preventiva.

El caso sumó un giro central en los últimos días: Elena Makarova, señalada como víctima en la investigación, presentó una querella contra los fiscales y afirmó que nunca fue víctima de Rudnev ni de ningún otro ciudadano ruso. Aseguró que el Ministerio Público construyó un relato de trata “que nunca existió” y denunció abusos durante su paso por el sistema sanitario y judicial.

Según Makarova, fue sometida a procedimientos médicos sin consentimiento, privada de sus documentos y trasladada a un refugio donde quedó incomunicada. Su presentación también incluye recusaciones y pedidos de prueba que, según la defensa de Rudnev, desarman el eje central de la acusación.

Broitman insiste en que el proceso se sostiene “en conjeturas y no en evidencias”, y recuerda que no se hallaron drogas, que varios imputados no se conocían entre sí y que incluso información internacional utilizada en la causa resultó incorrecta. Con ese panorama, la defensa considera que la extensión de la prisión preventiva carece de sustento jurídico y agrava el deterioro del imputado.