El gobernador neuquino volvió a cuestionar la distribución de fondos nacionales y apuntó contra el centralismo porteño, al advertir que los Aportes del Tesoro Nacional son clave para sostener obras, servicios e infraestructura en la provincia.
En los últimos días, el Gobierno nacional distribuyó una importante masa de fondos entre varias jurisdicciones, pero Neuquén quedó nuevamente relegada en la asignación. La provincia recibió montos considerablemente menores en comparación con otras, lo que refuerza una tendencia que se viene repitiendo en los últimos meses y que genera preocupación en la administración de Rolando Figueroa. Desde el Ejecutivo provincial advierten que esta situación limita la capacidad de sostener obras públicas, infraestructura y servicios esenciales en un territorio extenso y con altos costos operativos.
Los ATN representan un porcentaje reducido dentro del total de recursos coparticipables, pero tienen un fuerte peso político debido a que su distribución no responde a criterios automáticos, sino que depende de decisiones del Gobierno central. Esta discrecionalidad es uno de los principales puntos de conflicto, ya que distintos análisis muestran que los fondos suelen concentrarse en provincias con mayor afinidad política con la administración nacional, dejando en desventaja a otras jurisdicciones.
En este marco, Figueroa volvió a cuestionar lo que define como un esquema “centralista”, donde la mayor parte de los recursos se concentran en la órbita nacional mientras las provincias deben afrontar crecientes responsabilidades en áreas clave como salud, educación y seguridad. El gobernador sostiene que, sin una distribución más justa, se dificulta sostener el desarrollo equilibrado del país y se profundizan las asimetrías regionales.
La situación se vuelve aún más evidente al observar el desempeño de la Patagonia en su conjunto, donde varias provincias aparecen entre las menos beneficiadas en el reparto. Esto ocurre pese a que muchas de ellas, como Neuquén, tienen un rol estratégico en la generación de recursos para el país, especialmente en materia energética. Desde el gobierno provincial insisten en que ese aporte no se refleja en la distribución de los fondos nacionales.
Frente a este escenario, el reclamo apunta a avanzar hacia un sistema más transparente y equitativo, que contemple variables objetivas como la extensión territorial, la densidad poblacional y los costos reales de prestación de servicios. La discusión, sin embargo, excede el reparto puntual de los ATN y se inscribe en un debate más profundo sobre el federalismo fiscal en la Argentina, donde las provincias buscan mayor previsibilidad y autonomía para planificar su desarrollo sin depender de decisiones discrecionales del poder central.
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