El gobernador de Rolando Figueroa profundizó su política de “tolerancia cero” frente a la corrupción y resolvió la exoneración de Alfredo Cury y Laura Reznik, ambos condenados por su participación en la estafa con planes sociales que generó un fuerte impacto institucional en la provincia.

La decisión implica la expulsión definitiva del Estado y la inhabilitación para volver a ocupar cargos públicos, una sanción que busca estar a la altura de la gravedad de los hechos comprobados por la Justicia. Se trata de una señal política clara: no alcanza con la condena penal, quienes hayan cometido delitos contra los recursos públicos no pueden seguir formando parte de la administración.

La causa expuso un mecanismo sistemático de desvío de fondos destinados a asistencia social, afectando directamente a los sectores más vulnerables. Las maniobras incluyeron irregularidades en la asignación y utilización de beneficios, lo que derivó en un perjuicio millonario para las arcas provinciales.

Desde el gobierno remarcan que este tipo de decisiones marcan un quiebre con prácticas del pasado y buscan recuperar la confianza en las instituciones. En esa línea, la exoneración de Cury y Reznik no solo tiene un carácter administrativo, sino también simbólico: establecer un precedente de firmeza frente a hechos de corrupción.

La gestión provincial, además, avanza en acciones complementarias, tanto en el plano judicial como administrativo, con el objetivo de profundizar las responsabilidades y recuperar los fondos desviados. El mensaje es directo: en Neuquén, la corrupción tiene consecuencias concretas.