En el marco de la política de tolerancia cero impulsada por el gobierno de Rolando Figueroa, la Provincia dispuso el despido de un agente estatal tras un sumario que acreditó un clima de hostilidad laboral. La Oficina de Intervención en Violencia Laboral lo calificó como de “alto riesgo”.
La decisión se tomó luego de un sumario administrativo iniciado el 9 de abril de 2025, en el que se investigó la conducta de Carlos Roberto Cides, agente de planta permanente del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura. Según la documentación oficial citada por medios provinciales, los hechos ocurrieron entre el 1 de julio de 2024 y el 9 de abril de 2025 en dependencias vinculadas a la Dirección Provincial de Políticas Culturales y al área de ENCINE.
De acuerdo con el expediente administrativo, al trabajador se le atribuyeron episodios reiterados de violencia laboral, incumplimiento habitual de tareas, desobediencia a superiores y conductas intimidatorias que alteraron el normal funcionamiento del área. Entre las situaciones más graves, se mencionan amenazas de muerte contra compañeros de trabajo, insultos y agresiones verbales sostenidas en el tiempo.
La intervención de la Oficina de Intervención en Violencia Laboral fue determinante para la resolución del caso. El organismo calificó al agente como de “alto riesgo”, una valoración que reforzó la necesidad de apartarlo definitivamente de la administración pública. La oficina fue creada en el marco del protocolo provincial para prevenir, intervenir y proteger ante situaciones de violencia laboral dentro del Poder Ejecutivo neuquino.
La cesantía se inscribe en la política de “tolerancia cero” que impulsa la gestión de Figueroa frente a situaciones de violencia, indisciplina o incumplimientos graves dentro del Estado. Desde el Ejecutivo provincial vienen marcando que la planta pública debe funcionar bajo criterios de responsabilidad, respeto institucional y cumplimiento efectivo de las tareas asignadas.
El caso tomó relevancia porque no se trató de un hecho aislado, sino de un cuadro que, según el sumario, se habría extendido durante varios meses y habría generado un clima de hostilidad en el ámbito laboral. La investigación administrativa concluyó que la conducta del agente afectó la convivencia interna, la autoridad de los superiores jerárquicos y la seguridad de otros trabajadores del área.
En ese marco, la Provincia resolvió avanzar con la sanción más severa dentro del régimen administrativo: la expulsión del agente de la planta estatal. La medida busca enviar una señal hacia adentro de la administración pública: las situaciones de violencia laboral no serán toleradas cuando existan pruebas, intervención de los organismos correspondientes y un procedimiento sumarial que respalde la decisión.
La resolución también expone un cambio de criterio en el manejo de conflictos internos dentro del Estado neuquino. Frente a episodios que antes podían quedar diluidos en traslados, licencias o advertencias administrativas, el gobierno provincial decidió avanzar con sanciones concretas cuando se acreditan hechos graves.
Con esta nueva cesantía, la gestión de Figueroa refuerza su mensaje de ordenamiento estatal: el empleo público no puede ser un espacio de impunidad ni de violencia. Para la Provincia, la protección de los trabajadores y el funcionamiento adecuado de las áreas estatales forman parte de una misma decisión política: cuidar el Estado, pero también exigir responsabilidades a quienes lo integran.
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