Con un nuevo sistema obligatorio de trazabilidad, la gestión de Vidal pone freno a la fuga de materia prima hacia otras provincias y exige que el pescado capturado en aguas santacruceñas se procese y genere trabajo en Santa Cruz.

Uno de los puntos centrales de la disposición es la limitación para trasladar pescado hacia establecimientos externos. A partir de la entrada en vigencia del nuevo régimen, la materia prima pesquera solo podrá ser enviada a plantas pertenecientes al mismo grupo empresario del operador que realizó la captura o el desembarco. Si una empresa quiere derivar la producción a establecimientos de terceros, deberá solicitar una autorización previa fundada ante la Secretaría de Pesca.

Las fiscalizaciones comenzaron en el muelle de Puerto Caleta Paula, en Caleta Olivia, alcanzando a buques de altura y embarcaciones artesanales, y serán replicadas progresivamente en los distintos puertos de la provincia. Las empresas interesadas en acceder a cuota provincial deberán procesar la materia prima en establecimientos radicados en Santa Cruz y con trabajo registrado.

La medida se enmarca en una estrategia más amplia que también incluye un proyecto de nueva Ley Provincial de Pesca, con régimen de cuotas orientado al sostenimiento del empleo local y herramientas tecnológicas como monitoreo satelital permanente para embarcaciones. Durante demasiado tiempo los recursos del mar santacruceño terminaron generando trabajo y riqueza en otras provincias.