La Secretaría de Pesca implementó un régimen obligatorio de registración y trazabilidad que cubre todas las etapas de la cadena productiva pesquera, desde la captura hasta el destino final del producto.
Las fiscalizaciones ya comenzaron en Puerto Caleta Paula, en Caleta Olivia, con controles sobre buques de altura y embarcaciones artesanales que serán replicados progresivamente en todos los puertos de la provincia. Cada empresa que opere en aguas santacruceñas deberá declarar con carácter de declaración jurada el volumen capturado, el procesado y el destino final de la producción, bajo un esquema de auditoría permanente del Estado provincial.
Para acceder a la cuota provincial, las empresas deberán procesar la materia prima en establecimientos radicados en Santa Cruz y con trabajo registrado. La medida se complementa con un proyecto de nueva Ley Provincial de Pesca que incorpora régimen de cuotas y monitoreo satelital permanente para embarcaciones, consolidando un sistema integral de control y defensa de los recursos marítimos provinciales.
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia que busca fortalecer la actividad en los puertos y plantas locales de toda la provincia. En conjunto con el proyecto de nueva Ley Provincial de Pesca, el gobierno de Santa Cruz avanza hacia un modelo pesquero que prioriza el procesamiento local, el empleo registrado y el agregado de valor dentro de la provincia.





